Las empleadas de hogar continúan sin igualdad de derechos ni reconocimiento social

Un trabajo muy expuesto a situaciones de abuso y vulneraciones de derechos

Pese a los numerosos avances que en términos de derechos se han producido estos últimos años, el sector del Empleo de Hogar sigue sin alcanzar la equiparación de derechos laborales y protección social, así como el reconocimiento que merece.

Caracterizado por su invisibilización, falta de reconocimiento social y precariedad laboral, este sector, regulado a través de una relación laboral especial, justificada en atención a las condiciones particulares en que se realiza la actividad (vínculo personal basado en la confianza y actividad desarrollada en un hogar familiar), está especialmente expuesto a situaciones de abuso y vulneraciones de derechos, precisamente por esas condiciones particulares que pretenden convertir una relación laboral en otro tipo de relación, que en la práctica resta derechos y las considera trabajadoras de segunda.

Esto, unido al hecho de que se trata de un sector feminizado, en el que se realiza una actividad que tradicionalmente, por la división sexual del trabajo, han desarrollado las mujeres, hace que quienes trabajan en este sector sufran una doble discriminación: provocada por una legislación perjudicial e insuficiente y por la infravaloración del trabajo realizado por las mujeres.

También tiene gran impacto el hecho de que un elevado número de trabajadoras sean mujeres migrantes, muchas de ellas, además, en situación administrativa irregular. Esta realidad, las limita a trabajar de manera informal durante el tiempo necesario para solicitar el arraigo, periodo durante el cual se encuentran totalmente desprotegidas frente a las vulneraciones de derechos y a la posibilidad de denunciarlo.

Pero sin duda, uno de los aspectos más controvertidos del sector tiene que ver con todo lo relativo a las condiciones particulares que conlleva el trabajo en régimen de interna, comenzando por el hecho de que la persona vive en el domicilio en el que desarrolla su actividad laboral, lo que supone la ausencia de espacios físicos personales e íntimos y en el que con frecuencia se diluyen las fronteras de tiempo de trabajo y descanso, viéndose sometidas a trabajar amplias jornadas, sin apenas descanso, con tiempos de presencia que en la mayoría de casos equivalen a trabajo efectivo, con jornadas nocturnas y con funciones que en muchos casos exceden el trabajo de hogar para convertirse en tareas de cuidados, no siendo reconocidas, ni compensadas, ni retribuidas como se merecen. Y sin, por supuesto, tener en cuenta sus necesidades de conciliación de vida personal y familiar. Si a esto sumamos el que, en la actualidad, la mayoría de trabajadoras internas son mujeres migrantes en situación administrativa irregular, se produce una situación de desequilibrio, desigualdad y desprotección, que hace que este régimen sea, como mínimo, moralmente cuestionable.

Muchos años de reivindicaciones por parte de las empleadas de hogar ha costado que se ratificase el Convenio 189 de la OIT y que se modificase un Real Decreto profundamente injusto que las ha dejado durante años en la más absoluta desprotección personal, social y laboral. Pero, a pesar de los importantes logros conseguidos, (protección por desempleo, eliminación de la figura de desistimiento para el despido, la integración dentro del sistema de prevención de riesgos laborales o la integración de los distintos tipos de cotización), que, por otro lado, no olvidemos que son derechos básicos para cualquier persona trabajadora; han quedado fuera cuestiones fundamentales que hubieran supuesto una verdadera equiparación de derechos con el resto de personas trabajadoras, como son la integración de lagunas en las cotizaciones, la diferenciación profesional entre cuidados de personas y hogar, o todo lo relativo a las condiciones de trabajo como interna.

También es fundamental tener en cuenta que estos cambios normativos han supuesto un aumento de los costes de contratación y reconocer las dificultades con las que se encuentran las personas y familias empleadoras a la hora de contratar, que no tienen la misma capacidad de las empresas. Por lo que es necesario, por un lado, desarrollar políticas y medidas que fomenten incentivos en la contratación de las trabajadoras, a la vez que un compromiso por parte de las personas empleadoras, de proporcionar unas condiciones decentes de trabajo. Y seguir avanzando así, en una normativa justa que aúne, por una parte, los intereses de las familias empleadoras necesitadas de unos cuidados que debería reconocer y garantizar el Estado como derecho y, por otra parte, la exigencia de unas condiciones laborales justas para las trabajadoras, ya que el derecho al cuidado que todas las personas tenemos no debería, en ningún caso, ser cubierto a costa de unas condiciones laborales injustas de las trabajadoras que los prestan.

Y, por otro lado, es necesario dignificar y poner en valor esta profesión colocándola en el lugar que le corresponde, dada la importancia que los trabajos de hogar y de cuidados tienen para la sostenibilidad de la vida.

Desde Cáritas siempre hemos apoyado la lucha de las trabajadoras de hogar por la dignificación del sector y la defensa del derecho a un trabajo decente, poniendo el foco tanto en nuestra intervención, acompañando a empleadas de hogar y personas empleadoras; como en la sensibilización e incidencia, siendo una de nuestras principales propuestas y líneas de trabajo la consecución de los cambios normativos necesarios para que las trabajadoras del hogar se conviertan en trabajadoras con plenos derechos.