Un arraigo sobre el alambre. La integración de la Población de Origen Inmigrante (POI) en España
Estos días presentamos el libro “Un arraigo sobre el alambre” fruto de la colaboración entre Caritas Española y el Instituto de Migraciones de la Universidad P. Comillas. Su objetivo fundamental es retratar el proceso de integración que ha tenido la POI durante estos largos años de crisis y reactivación con devaluación salarial.
Durante esto años, la gran mayoría de la POI, que en total representa el 16,3% de la población española, no solo ha permanecido sino que, sobre todo, ha apostado firmemente por continuar y sacar adelante sus proyectos de arraigo e integración en la sociedad española, a pesar de las piedras (laborales y sociales) que llovían sobre sus cabezas.
De esta forma, los inmigrantes, en la actualidad, están profundamente asentados en el país, algo que se refleja en diversos indicadores: intenso proceso de naturalización, fuerte asentamiento en torno a la familia nuclear con hijos, elevado dominio del idioma, creciente presencia de población nativa en sus redes sociales y familiares, etc.
Una firme apuesta por el arraigo que está dando lugar al nacimiento de una sociedad y un país diferente, donde la diversidad étnica se ha convertido, ya, en un una característica natural e ineludible de nuestra sociedad.
Un arraigo, no obstante, que ha venido acompañado de una intensa segregación social y ocupacional. La gran mayoría de los inmigrantes, a pesar de tener niveles educativos similares a los nativos, se encuentra concentrada y sobrerrepresentada en la parte baja de la estructura social española, desempeñando trabajos elementales, con un estatuto laboral fuertemente precarizado, e intensamente afectada por procesos de pobreza y exclusión social.
La POI, pues, se ha integrado dentro de las clases populares nativas, conformando la última frontera del precariado en nuestro país. Unos sectores populares con los que comparte, cada vez más, barrios, escuelas, servicios sociales, etc., y, en última instancia, un similar «destino» estructural marcado por la precariedad, el progresivo deterioro de los servicios sociales básicos y, la creciente debilidad del factor educativo como ascensor social.
En tercer lugar, hay que señalar que el sentimiento anti-inmigrante no ha crecido en España a pesar de la crisis y el avance del precariado. Las relaciones entre nativos e inmigrantes siguen siendo, pues, cordiales y tranquilas, aunque poco significativas.
Sin embargo, pese a esta coexistencia, existe un riesgo real de que el profundo malestar social que viven los sectores populares nativos se pueda transformar en hostilidad hacia la POI. Un malestar social que, aunque es producto del crecimiento del precariado y del deterioro de las oportunidades vitales, se puede ver etnificado en cualquier momento, esto es, explicado desde y por la presencia de inmigrantes, y no por la acción de determinadas políticas estructurales.
De hecho, hay algunas propuestas que en el último ciclo electoral español, rompiendo el consenso de la transición, han tratadode etnificar el conflicto social, señalando a la población inmigrante como responsable del deterioro del sistema de bienestar social o del mercado de trabajo.
La población refugiada, que a pesar de su crecimiento, representa tan solo el 3,23% del total de la POI, constituye el «furgón de cola», el último escalón, del proceso de integración de la inmigración en España.
Una población que, tiene un grado de arraigo inestable y muy inferior al de la POI: fuerte tasa de irregularidad (40%), menor dominio del idioma; menor percepción subjetiva de integración y pertenencia; baja presencia de nativos en sus redes familiares y sociales, etc. Y que, en términos de integración socio-económica, cuenta con unos niveles ocupacionales y salariales, aún más bajos que los de la POI. De hecho, solo el 6 % de los refugiados tienen contrato indefinido a tiempo completo, y su salario mensual medio, 686 euros, es inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
Finalmente, la POI, más que un elemento externo o exterior, se ha convertido en un fenómeno estructural que está indisolublemente unido al desarrollo económico, social, y demográfico de nuestra sociedad.
Son muchos los datos que muestran está íntima asociación: la evolución simétrica de los flujos migratorios y de ocupación inmigrante con los ciclos de crecimiento de la economía española; la conversión del trabajo barato y flexible de la inmigración en el núcleo asalariado central de nuestro modelo de crecimiento intensivo; la conversión del trabajo femenino inmigrante en el recurso central de nuestro sistema de provisión de cuidados, un segmento clave en una sociedad tan envejecida como la española; su rol central en la sostenibilidad y el equilibrio de nuestro sistema de bienestar social, especialmente el de pensiones, debido a su juventud, su alta tasa de actividad y su menor uso del sistema.
Un intenso arraigo, segregado y en precario, y una profunda asociación estructural con el desarrollo español que, necesariamente, cambian los términos de la discusión pública. Así, hablar de inmigración, hoy en día, es, sobre todo, hablar de nosotros mismos, del desarrollo de nuestra propia sociedad.
Las políticas migratorias, de esta forma, ya no pueden ser más, solo unas políticas humanitarias, o solo unas políticas sectoriales destinadas a un colectivo social específico, sino que necesitan convertirse en «políticas de estado o universales con tres ejes centrales:
En primer lugar, un nuevo relato sobre la población inmigrante. Relato que abandone ciertos lugares comunes donde se representa a los inmigrantes como el otro externo, extraño y amenazante, y se atreva a visibilizar y reconocer la profunda diversidad étnica y racial del país.
En segundo lugar, un impulso ambicioso y universal de políticas de cohesión social con el fin de revertir ese precariado que se ha instalado como horizonte vital de los amplísimos sectores populares españoles, formados tanto por población nativa como por población de origen inmigrante.
Y finalmente, el desarrollo de políticas universales de gestión de la creciente diversidad étnica y social de nuestra sociedad. Políticas, pues, necesarias, para construir la convivencia entre la diversidad que, ya, somos y vamos a ser en los próximos años.