3. La evolución de la exclusión en España

La evolución de la exclusión en España

¿Cuáles están siendo las consecuencias?

La tendencia de mejora de la economía española ha impactado positivamente en la evolución de la exclusión. Una parte importante de la población que se vio afectada por la destrucción de empleo se ha visto beneficiada por el nuevo empleo creado y ha recuperado sus niveles de integración previos a 2008. Sin embargo, la persistencia en la exclusión e incluso empeoramiento de aquellos hogares que peor estaban durante la crisis nos muestra la existencia de profundas fracturas, que van más allá del ciclo económico. La complejidad de la realidad social hace que conviva una cierta mejoría de una parte importante de la población más afectada por la crisis con un recrudecimiento de la situación de las personas más débiles.

Este capítulo aborda la complejidad de las dinámicas de desigualdad en España, tratando de explicar la convivencia en el tiempo de la recuperación de una parte sustancial de los hogares más afectados por la crisis, con el empeoramiento y cronificación de los hogares más excluidos. Esta doble tendencia escapa a los análisis de la evolución de los grandes indicadores como el desempleo o la pobreza y obliga a un estudio en profundidad de los procesos de desigualdad que se originan tanto en el mercado laboral como el resto de esferas de participación en la vida social.

Se analiza el desigual impacto de la exclusión social. En el VII Informe FOESSA en el año 2014 ya se evidenció que la crisis no afectaba a “todos por igual” impactando de manera más intensa a los hogares más débiles. En la etapa actual también comprobamos que la recuperación tampoco ha ofrecido oportunidades a todos los grupos por igual. Las personas más cualificadas, con mayor capital social, son las que han accedido al nuevo empleo creado. Entre la exclusión social, quiénes menos problemas acumulaban antes han superado su situación, mientras que algunos tipos de hogar que acumulaban más desventajas han empeorado. Entre ellos destaca por su gravedad la situación de las familias jóvenes con menores.

Y por último trata de avanzar en el conocimiento de las causas de la exclusión y los procesos de desigualdad social que se producen en cada ámbito de participación social.

Se recupera la integración plena y se enquista la exclusión severa

Entre 2008 y 2013 se produjo en España un intenso y duradero proceso de aumento de la fractura social. Tanto es así que en el año 2013 solamente un tercio de la población se encontraba en situaciones de integración plena. Las situaciones de exclusión social y de exclusión social severa llegaron a niveles de alarma: 5 millones de personas, más de una de cada diez, se encontraban en situaciones de exclusión social severa.

Desde 2013, se ha producido un aumento del número de hogares en situación de integración social plena. Es decir, una parte de la vulnerabilidad generada por la crisis ha sido revertida en la recuperación. El 49% de los hogares españoles se encuentran en situación de integración, lo que supone una cifra 12 puntos superior a la de 2013.

Junto con el proceso de mejora de una parte de los hogares vulnerables, se detecta la persistencia de las dificultades de los que peor se encontraban en 2013. La exclusión severa sigue afectando a un 9% de la población, cifra similar a la de 2013 y superior a la de 2007. Esta situación pone de manifiesto un fenómeno grave y es que la recuperación no ha llegado a los hogares que peor estaban, pudiendo hablar de enquistamiento de la exclusión severa generada por la crisis.

Hoy 8,5 millones de personas se encuentran en exclusión social, de las cuales 4,1 millones lo están en la exclusión más severa, 1,3 millones más que antes de la crisis (aun descontando el efecto del aumento de la población estaríamos en 1,1millones), esta es la factura que todavía estamos pagando a pesar de la recuperación económica.

Se consolida el eje sur-mediterráneo en la exclusión social

El estudio de los procesos de exclusión permite identificar los procesos de desigualdad social que los originan. Entre estos procesos están las diferencias de clase social, pero también otras desigualdades profundamente enraizadas en nuestra sociedad, como la desigualdad de género, la discriminación étnica, la desventaja de las personas con discapacidad y las diferencias de oportunidades de los territorios.

De hecho, en esta fase de recuperación la diversidad territorial de la exclusión nos lleva a enfatizar la importancia de los distintos modelos de integración que coexisten en nuestro país. Y la fuerte diversidad territorial en la que se registran distintas capacidades de desarrollo económico y social.

La distribución territorial de la exclusión ofrece algunas variaciones en relación al tradicional eje norte-sur de la exclusión social en nuestro país. Esta nueva configuración territorial de la exclusión que supera el eje latitudinal norte-sur, incorporando el eje longitudinal oeste-este ya se detectó en el año 2013, aunque la excepcionalidad de la situación de crisis no permitió añadir este hecho como una característica de la mirada territorial. Sin embargo, 5 años después, el modelo de salida de la crisis afecta de forma particular a las dimensiones de la exclusión social, haciendo que algunas CC.AA presenten una imagen matizada de los análisis exclusivamente basados en la pobreza monetaria. El Eje Sur se extiende hacia el mediterráneo incorporando a Cataluña e Islas Baleares a las comunidades donde la exclusión social es más elevada. Sin embargo, Castilla-La Mancha, una comunidad autónoma tradicionalmente alineada en el eje sur se ubica ahora más cerca de una situación intermedia. Este impacto diferencial en función del territorio es uno de los aspectos que la Fundación FOESSA ha estudiado más a fondo a través de los informes de cada una de las CC.AA que ha realizado en el ámbito del proyecto de este VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social[1].

[1] Estos informes pueden consultarse en la serie “Exclusión y desarrollo social en las Comunidades Autónomas” publicada de forma simultánea a este VIII Informe.

Cuanto más se concentra la exclusión social mayor es la desigualdad

Uno de los rasgos más característicos de los cambios sociales recientes es el crecimiento de la desigualdad. Distintos informes han revelado el crecimiento de las diferencias de renta entre los hogares e individuos de los países ricos. Las formas en que la desigualdad se manifiesta en la estructura social no se ciñen, sin embargo, a una única dimensión, en este caso la monetaria. Igual que el bienestar individual no puede circunscribirse a los logros y límites en el ámbito económico, la desigualdad afecta a parcelas muy variadas, tomando forma a través de varios canales. EL VIII Informe FOESSA contiene una propuesta metodológica de análisis multidimensional de las desigualdades que va más allá del tradicional estudio de las diferencias de renta e incorpora al análisis otros ejes de desigualdad en relación con el empleo, la salud, la discapacidad, la educación, la vivienda, las redes sociales, la participación o el género.

El análisis de la desigualdad multidimensional desde la perspectiva de la exclusión social en España, concluye que la exclusión en el consumo, en la educación, el conflicto social y el aislamiento social son las dimensiones más significativas para explicar la desigualdad multidimensional. La segmentación de la población estudiada según diferentes características socioeconómicas también ha permitido descubrir elementos específicos de la desigualdad en cada dimensión, como la relación entre la edad de la persona principal del hogar y las dimensiones de consumo, política, vivienda y conflicto social, o la relación entre la desigualdad en distintos ámbitos y el nivel de estudios del sustentador principal. El enfoque multidimensional de la desigualdad en el riesgo de exclusión social ha permitido también descomponer los efectos intra e inter-territoriales, revelando que el componente interno (características de los individuos) explica mucho más las disparidades regionales que las características propias de cada región.

El cruce entre la pobreza y la exclusión social desvela a un grupo de población muy relevante que no es pobre pero está excluida

Aunque no existe una correlación perfecta, las dificultades que impone una renta insuficiente para dar cobertura a las necesidades básicas del hogar suelen ser la puerta de entrada a manifestaciones más extremas de la exclusión social. Los datos permiten refutar el estereotipo habitual que relaciona linealmente los cambios de ciclo económico con las fluctuaciones de los principales indicadores de pobreza. Especialmente preocupante es la evolución de las formas más severas de pobreza, al reflejar los datos disponibles tanto su drástico crecimiento durante la crisis como la resistencia a la baja pese a la reactivación del mercado de trabajo.

El análisis de los cambios en el tiempo de los perfiles socioeconómicos de la pobreza permite identificar también algunos de sus nuevos rasgos estructurales. Mientras que una de las principales transformaciones es la mejora registrada por las personas mayores, dos cambios en sentido contrario han sido el empeoramiento de los hogares con niños, muy visible cuando los indicadores monetarios se cruzan con los de privación material, y la creciente pérdida del papel de la educación superior como seguro contra la pobreza. La mayor extensión de la pobreza en España se visibiliza especialmente en el caso de los menores de edad –un 40% mayor que en el promedio de la UE– y en los trabajadores de bajos salarios. Los altos niveles de precariedad laboral y la insuficiencia de las remuneraciones y de las horas trabajadas han agravado un problema que ya antes de la crisis era comparativamente peor que en la gran mayoría de países europeos. A ello no resulta ajena la menor capacidad del sistema de prestaciones monetarias para reducir la incidencia de la pobreza. Tanto las tendencias dibujadas como los perfiles de riesgo exigen una mayor inversión de recursos en políticas redistributivas.

Si el análisis en términos de pobreza monetaria nos aporta una imagen complementaria a la que habitualmente se utiliza en términos de los procesos de exclusión social, la asociación entre ambos conceptos es importante, como nos revela el análisis a través de la EINSFOESSA, que establece que el 56% de las personas en situación de exclusión están además en situación de pobreza monetaria, mientras que el 44% de las personas en situación de exclusión no serían pobres desde el punto de vista monetario. A la inversa, el 12,7% de la población que no está en situación de exclusión social es, sin embargo, pobre desde el punto de vista monetario.

En otros términos, el 63,3% de la población española no se encuentra ni en situación de pobreza monetaria ni en situación de exclusión social, con lo que podríamos hablar de integración sin pobreza. El 9,3% se encuentra en ambas situaciones (exclusión con pobreza), el 9,2% en situación de pobreza, pero no de exclusión (pobreza integrada) y el 7,3% en situación de exclusión, pero no de pobreza (exclusión sin pobreza).

La mejora del mercado de trabajo es a costa de los trabajadores pobres

Una parte importante de los problemas de exclusión sigue teniendo su origen en las debilidades del mercado de trabajo. Aunque los indicadores de concentración del desempleo en los hogares han mejorado respecto a 2013, siguen manteniéndose en niveles superiores a los de antes de la crisis.

El desempleo es una realidad persistente y menos protegida. A pesar de la reducción del desempleo, las tasas actuales (15%) son todavía muy elevadas y casi duplican las tasas de paro que se registraban en el periodo previo a la crisis (7,9% en 2007). Las prestaciones por desempleo no han conseguido adaptarse a las nuevas realidades del mercado de trabajo, vinculadas a la extensión de la precariedad y de la inestabilidad laboral. Las trayectorias largas de cotización derivan en una mejor protección por desempleo, mientras que las personas que tienen itinerarios con entradas y salidas del empleo tienen una mayor probabilidad de experimentar desprotección.

La precariedad del empleo genera exclusión social. El nuevo empleo creado es más desigual que el destruido. Los nuevos mercados, con un fuerte peso de servicios a empresas y a las personas, generan, por un lado, un tipo de empleo muy cualificado, bien retribuido y altamente competitivo, y, por otro, una amplia oferta de empleo inestable, de escasa retribución y cualificación. Esta zona precaria del mercado laboral es de la que entra y sale una parte sustancial de la fuerza laboral en España. La alta temporalidad del empleo, la insuficiencia del número de horas trabajadas y el creciente fenómeno de los itinerarios cíclicos, en los que periodos cortos de empleo se combinan con otros de desempleo, están limitando las posibilidades de integración de muchos colectivos. La mejora general en los indicadores generales de empleo no debe esconder la ausencia de cambios estructurales en el modelo productivo y en las características del mercado de trabajo. Se han intensificado algunos de los rasgos negativos que contribuyen al aumento de la precariedad laboral. Una parte importante de los contratos que se firman corresponden a empleos de baja calidad, persisten altas tasas de sobrecualificación, la eventualidad sigue generando gran inestabilidad en las rentas y en las pautas de gasto de las familias y se están consolidando trabajos que alejan a quienes los llevan a cabo de las situaciones de integración plena. Los hogares en situación de exclusión social se emplean en mayor medida en empleos precarios, temporales y no cualificados y esta situación de clara desventaja afecta, sobre todo, a los hogares encabezados por mujeres, jóvenes, los hogares monoparentales y los trabajadores con bajo nivel de cualificación. Resulta especialmente preocupante que las situaciones de exclusión del empleo se relacionan con una peor situación en ámbitos como la educación, la salud o la vivienda.

Los altos niveles de precariedad laboral y la insuficiencia de las remuneraciones y de las horas trabajadas han agravado un problema que ya antes de la crisis era comparativamente peor que en la gran mayoría de países europeos, el de los trabajadores pobres, que afecta al 14% de las personas ocupadas en nuestro país. La vulnerabilidad se encuentra cada vez más presente en el espacio de aquellas personas y hogares que están trabajando, por lo que contar con un empleo ha dejado de ser sinónimo de integración y bienestar. Así pues, el 12% de la población que está trabajando se encuentra en situación de exclusión social.

La combinación de precios altos en el acceso a la vivienda y los empleos precarios y de bajas salarios es una característica clave de la exclusión en España

Los problemas de exclusión residencial han vuelto a niveles previos a la crisis, si bien no se ha reducido la presión económica de los hogares más vulnerables, entre los que se encuentran principalmente aquellos que viven en alquiler, como son los jóvenes, los inmigrantes y, en gran medida, las familias monoparentales.

El haber tenido acceso a la compra de una vivienda marca la diferencia en términos de exclusión social. Existe una estrecha relación entre el acceso en propiedad a la vivienda y la exclusión social, reduciéndose el riesgo de exclusión social hasta tres veces entre los propietarios frente a los arrendatarios. El mantenimiento de precios elevados de alquiler y compra de vivienda mantiene la brecha entre los hogares que accedieron a la propiedad y quienes nunca lo han hecho.

A pesar de que la salida de la crisis ha venido acompañada de una reducción de los niveles de exclusión residencial, la realidad de 1 de cada 10 hogares es de extrema dificultad para afrontar el coste de la vivienda, por encontrarse con una carga excesiva en los gastos de la vivienda. Las dificultades para cubrir los costes de la vivienda afectan, sobre todo, a los hogares en alquiler y a los hogares con dificultad para el pago de suministros.

La naturaleza del mercado de la vivienda en España es una realidad que nos distingue negativamente del resto de Europa, con una combinación perversa de precios altos en el alquiler y la compra de vivienda, y unos ingresos bajos por el empleo precario. Este doble fenómeno describe una parte sustancial de los procesos de desigualdad en España que afectan a una parte importante de la población joven, muchos de ellos con niños, a población extranjera y en sus manifestaciones más duras a la población en situación de exclusión.

La inseguridad y la inadecuación de la vivienda demuestran una importante fragilidad residencial. La inseguridad en la vivienda provoca (tenencia en precario, amenaza de expulsión de la vivienda, situaciones de maltrato) una inestabilidad vital importante, asociada a la incertidumbre sobre si se podrá seguir residiendo en dicha vivienda en el corto o medio plazo, y afecta al 4% de los hogares. La inadecuación de la vivienda (deficiencias constructivas, falta de suministros, hacinamiento y barreras arquitectónicas) provoca una situación de falta de confort y de condiciones adecuadas para residir, y afecta al 7% de los hogares.

La relación entre salud y exclusión es bidireccional

El gradiente social en los procesos relacionados con la salud implica que ésta es a la vez consecuencia y origen de las diferencias en función de los ingresos, el nivel educativo y la exclusión social. La vinculación entre salud y exclusión es estrecha y bidireccional. Gran parte de la desigualdad en el ámbito sanitario se relaciona con el acceso a prestaciones básicas que no están cubiertas o lo están muy precariamente por el sistema público de salud, como la atención odontológica, la atención óptica, el acceso a las ayudas técnicas, los recursos protésicos y la salud mental, fundamentalmente. La dificultad para acceder a medicamentos, a los servicios socio sanitarios y a un régimen adecuado de alimentación son indicadores que, de manera casi necesaria, se asocian con un deterioro en la salud. Pero en el otro sentido, ciertas situaciones de exclusión pueden tener su origen en problemas de salud y con la aparición y desarrollo de determinadas enfermedades, situaciones que pueden incrementar el riesgo de aislamiento y exclusión social en los individuos que forman parte de un hogar en el cual surgen y persisten cargas asociadas al cuidado de personas enfermas o con algún tipo de discapacidad.

La exclusión social tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. Mientras que no parece haber un gran diferencial en el riesgo de pobreza motivado por la discapacidad, la exclusión social es claramente más elevada entre este colectivo que en el resto de la población. El 30% de las personas con discapacidad se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad.

Las estrategias familiares se mantienen  frente a la inadaptación de las políticas sociales

Al inicio de la crisis, las redes familiares y de amistad o solidaridad tuvieron un papel amortiguador que frenó algunas situaciones de pobreza. La prolongación y la severidad de la recesión dejaron a las familias fuertemente sobrecargadas, dándose un progresivo proceso de pérdida de capacidad de ayuda entre las redes de apoyo social. Casi diez años de crisis económica han dejado fuertes cicatrices en los hogares. Las necesidades de las familias siguen siendo muy grandes, sobre todo, en los ámbitos de la alimentación, la salud y el ocio. Como resultado, siguen recurriendo a estrategias de ajuste de los gastos o a la solicitud de ayuda a instituciones o a sus relaciones sociales.

Las estrategias de ajuste de gasto siguen siendo las más importantes. Suponen algunas privaciones importantes, pero, en general, tienen menores implicaciones familiares en el corto plazo, aunque quizá sí en términos de aislamiento en el medio y largo plazo. Se mantiene el ajuste en ocio en un porcentaje importante (37%). Por otro lado, el 18% de los hogares necesitan pedir ayuda económica a familiares y amigos. Por último, casi el 8% de los hogares necesita apoyo de instituciones. El desarrollo de estrategias, en términos generales, muestra una mejoría importante con respecto a 2013, sobre todo en lo que respecta a aquellas vinculadas a reducción de gastos y ajuste de presupuestos, pero la mejora es limitada en la necesidad de pedir apoyos externos. El volumen de hogares que necesita ayuda de amigos o instituciones pone de manifiesto la crudeza que todavía se vive en algunas familias. El riesgo de sobrecarga de las redes sociales es también un indicador de vulnerabilidad importante.

Algunas de las situaciones de deterioro más reseñables se relacionan con el aumento de la obesidad en las familias más desfavorecidas, la presencia de trastornos mentales en los hogares excluidos o el consumo de drogas o alcohol en las familias afectadas por el desempleo, entre otras. Del mismo modo, la pérdida de relaciones sociales se ha convertido en una realidad cada vez más generalizada desde la crisis y afecta especialmente a los hogares en situación de exclusión. Las dificultades económicas han puesto también de manifiesto los límites de los sistemas de garantía de rentas, con una proporción muy amplia de hogares precarios que han agotado la prestación, les ha sido denegada o están en espera de resolución.

La participación política se reduce en el espacio de la exclusión… pero a las instituciones de la democracia no parece importarles su voto

Una de las dimensiones menos conocidas de la exclusión social es cómo afecta su extensión a los procesos de participación social y, especialmente, a la participación política. Se constata un estrecho vínculo entre las desigualdades interurbanas y la segregación electoral, con una brecha muy amplia en las ciudades más desiguales entre las áreas ricas, con elevada participación electoral, y las más pobres, con la mayor abstención. Dándose una clara conexión entre la variación en los tramos intermedios de renta y los cambios en la participación electoral, que desciende a medida que los barrios se van empobreciendo. Existe un problema en la representación de los colectivos más frágiles de la sociedad, cuya voz desaparece cada vez más de los procesos electorales.

La mayoría de las democracias occidentales tienen como rasgo común que los pobres participan menos que los ricos, que los excluidos participan menos que los integrados. Prácticamente nadie incluido en el espacio de integración reconoce no votar nunca, mientras que en los espacios de exclusión hasta un 18% y un 22% reconoce no hacerlo. Las urnas se llenan de votos procedentes de las zonas integradas de las ciudades, donde un 74% vota siempre. La abstención extrema se concentra en los suburbios de las ciudades y en España existen barrios donde el 75% de los habitantes no votan.

Por tanto, las personas con bajos ingresos y en exclusión participan menos en los procesos electorales, registrándose una alta abstención en los barrios más desfavorecidos, y constituyendo un precariado político que se abstiene de participar en los canales tradicionales de representación

La voz de los colectivos más frágiles de la sociedad, desaparece cada vez más de los procesos electorales, cuestionando la calidad de una democracia representativa, asociada a su sensibilidad para recoger las demandas de todos los ciudadanos e introducirlas en la toma de decisiones políticas.

Desigualdades de género y exclusión social

Las desigualdades de género siguen manifestándose en varias esferas –como en el mercado laboral, el riesgo de pobreza, la vivienda, la salud o la participación y las relaciones sociales. La aparente reducción de las desigualdades en el empleo en los años más duros de la crisis –sin, por otra parte, llegar a desaparecer– no fue fruto de modificaciones estructurales en las relaciones de género sino el efecto coyuntural de una recesión que, en un primer momento, impactó con más fuerza en las profesiones masculinizadas.

Las mujeres no solamente participan en menor medida que los hombres en el mercado de trabajo, sino que tienden a hacerlo en condiciones de desigualdad con referencia tanto al tiempo dedicado al empleo como a los ingresos que éste genera. La brecha salarial de género, de hecho, sigue aumentando conforme disminuye el nivel de la ocupación, lo que obliga a tener en cuenta la dificultad de pensar las desigualdades de género al margen de las socioeconómicas.

El hecho de que la participación de las mujeres en el mercado laboral no tenga lugar en condiciones de igualdad con respecto a los hombres no impacta únicamente en los ingresos que el empleo genera, sino también al acceso y cuantía de las prestaciones para el desempleo y las pensiones contributivas.

Estas desigualdades en el ámbito laboral son la puerta de entrada a otras en diferentes dimensiones, como revela el mayor riesgo de empobrecimiento de las mujeres, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.

Para comprender las claves del carácter estructural de la exclusión se necesita de un nuevo paso, que centre nuestra mirada en las respuestas que como sociedad se están ofreciendo. Respuestas que se concretan en políticas sociales que se abordan en el cuarto capítulo de este VIII Informe FOESSA.

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