3. La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años

3.1.LA FRACTURA SOCIAL SE ENSANCHA

En el informe anterior de la Fundación FOESSA tratábamos de dar cuenta de «El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España», basándonos en la comparación de las dos Encuestas sobre Integración y Necesidades Sociales de la Fundación FOESSA disponibles entonces (EINSFOESSA 2007 y EINSFOESSA 2009).

Se señalaba en dicho informe la preocupación por la extensión de la vulnerabilidad y la precariedad social en España, y se alertaba del riesgo de que esta dinámica acabase erosionando la cohesión social. El espacio social de la exclusión comenzaba a crecer ya, pero no tanto en sus formas más severas.

Puede concluirse hoy, a la luz de los datos que aporta esta nueva edición de la EINSFOESSA en 2013, que ha quedado plenamente constatado el enorme deterioro que la cohesión social está experimentando en nuestro país durante los últimos 7 años, con un incremento notable de los procesos de exclusión social, que se hacen además más graves, y con una expansión significativa también de las situaciones de precariedad y vulnerabilidad social. El empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la población.Ahora ya solo una de cada tres personas en España se encuentra libre de los 35 problemas que se han identificado en este análisis, 16,5 puntos menos que en 2007.

Este núcleo central de la sociedad española que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría. Por el contrario, todos los espacios, desde la integración precaria o la exclusión moderada hasta la exclusión más severa, han aumentado significativamente.

El Índice Sintético de Exclusión Social (ISES) del conjunto de la población pasa del 1,03 en el año 2007 al 1,21 en 2009 y al 1,50 en 2013. Las grietas de la cohesión social son ahora más amplias en España: la fractura social se ha ensanchado un 45% en este periodo.

Ver gráfico 1: Evolución de los niveles de integración social en la población española (2007-2013)

De la extensión de la precariedad social que trajo consigo en un primer momento la destrucción de empleo hemos pasado a la intensificación de los procesos de exclusión: la exclusión severa se ha incrementado en un 82,6% y afecta ya a cinco millones de personas en España. Esta evolución pone sobre la mesa un riesgo real de dualización de la sociedad española, lo que, sin duda, tendrá efectos en el propio modelo económico, en la vida política e institucional y en suma en el modelo de convivencia. Desde la perspectiva de las políticas sociales, una sociedad más fragmentada supone un contexto de mayor dificultad para la intervención social, en el que los itinerarios de incorporación son mucho más improbables, más complicados y más costosos.

Ver tabla 1: Estimación de la población y del número de hogares en situaciones de exclusión social

3.2.¿QUÉ ES LO QUE HA IDO MAL?

Se planteaba en las conclusiones del informe anterior, hace cuatro años, la necesidad de preservar el capital humano y «rescatar a las personas». Esta estrategia no se puso en marcha seriamente. Hoy se nos muestra ya totalmente insuficiente: ahora es necesario recuperar el capital humano que hemos destruido.

El deterioro en la situación económica y social de muchos hogares está afectando ya claramente a su propia salud, a la calidad de la vivienda y de su entorno. No solo es la economía de los hogares lo que ha empeorado (el empleo, o los ingresos), el deterioro social se extiende a otros ámbitos como la vivienda (el aumento de la privación como consecuencia de asumir los costes de vivienda) o la salud, y con todo ello, la empleabilidad, las potencialidades de las personas para salir adelante. La subutilización del capital humano durante la fase temprana de la crisis está derivando en su destrucción, lo que está teniendo una repercusión en el plano del desarrollo personal y progreso social y repercutirá también a futuro en el plano económico-productivo. Ese es el mayor capital social que se está destruyendo y que tendría que recuperarse en el futuro.

Ver tabla 2: Población afectada por cada una de las dimensiones de la exclusión social para el total de la población, para la población excluida y para la exclusión social severa (%)

Sin entrar aquí en el debate económico de si estamos ya o no en una nueva fase expansiva del ciclo, lo que sí tenemos que constatar es que no hay síntomas de que la tendencia al empeoramiento se haya detenido en cuanto a los problemas sociales. No sabemos cuánto tiempo tardará el crecimiento económico en producir por sí mismo una mejora de la situación de los hogares más afectados por la crisis, que parten ahora de una posición de desventaja y cuya recuperación será más lenta (y si llegará a producirse ciertamente: dependerá entre otras cosas del modelo de crecimiento). Tampoco hay anunciadas medidas políticas, a ninguno de los niveles administrativos, de suficiente envergadura como para que tengan incidencia en los problemas sociales que hemos señalado aquí.

Pero además, incluso la recuperación del empleo, si llega, puede ser insuficiente. Hemos encontrado que cada vez menos el acceso al empleo garantiza la integración social: la tasa de exclusión social entre los trabajadores ha ascendido hasta el 15,1% y hasta los empleos de exclusión de la economía sumergida, que no están creciendo, son cada vez una alternativa más inaccesible para un volumen creciente de personas excluidas. A pesar de la utilidad social y de la funcionalidad económica del trabajo que realizan, las personas excluidas reciben una escasa compensación por su aportación al conjunto de la sociedad. El desempleo expande la exclusión social, pero la ocupación precaria también hace que aumente.

3.3.¿ES CIERTO QUE LA CRISIS NOS AFECTA A TODOS?

En el esfuerzo por cuantificar la evolución de la exclusión social, hemos aportado una estimación de la incidencia que tiene tanto en los hogares como en los individuos. Plantear el análisis de la exclusión social en términos de hogares tiene sentido pues es una unidad de consumo, de redistribución interna de los recursos, de producción de solidaridades y apoyos, y también, una unidad habitual para la provisión de las políticas sociales y la intervención social sobre el terreno. Pero el hogar no es una unidad homogénea y el individuo sí lo es. Si en términos de hogares el aumento de la exclusión social es importante, lo es más en términos de personas, ya que son justamente las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, familias excluidas en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.

Insistimos en esta conclusión en la gravedad de la situación que se está generando en cuanto a la exclusión social de la infancia y en relación a la situación de los jóvenes, especialmente en los casos en los que están en hogares monoparentales donde la situación se agrava: su exclusión social se ha triplicado. En ambos casos estamos ante un grave riesgo de dilapidar un importante capital humano para las próximas décadas, contribuyendo a una cronificación generacional de las situaciones de exclusión social en el futuro que actuaría como un mecanismo para su reproducción ampliada.

Ver tabla 3: Principales características de los jóvenes que no estudian y no trabajan (2013)

Pero especialmente para los jóvenes, es importante considerar el impacto que tienen las privaciones y las tensiones que genera la exclusión social en un momento muy especial del ciclo vital: cuando se construyen los hogares y se tienen los hijos, cuando se asientan las carreras profesionales y se tejen las redes sociales.
Sabemos que, para las personas que se incorporan al mercado de trabajo en un periodo de crisis, la huella generacional perdura por mucho tiempo, y en ciertos casos no llega a recuperarse nunca. Los niños que no se tuvieron ya no se tienen, las inversiones que no se hicieron (vivienda, equipamiento, formación, experiencias, contactos,…) quedan pendientes, los proyectos vitales se transforman y a veces se rompen. Esta crisis, por su intensidad y su duración, deja una profunda huella generacional. Quizá sea excesivo el término mediático de una «generación perdida», pero sin adoptarlo, queremos insistir en la necesidad de construir un futuro para nuestros jóvenes, de evitar que prosiga esta sangría y de ofrecerles las oportunidades que en estos años no han tenido. Es especialmente necesario considerar que, en tanto en la dimensión social como económica, la crisis proyectará su huella hacia el futuro: en cierto sentido podemos hablar de una «generación hipotecada». Y dado el proceso de estructuración social dualizado, sus efectos se dejarán notar con mayor virulencia en los cuerpos sociales más frágiles entre los que se encuentran los y las jóvenes de hoy, especialmente los recién emancipados, los que viven en hogares excluidos y los desocupados que están fuera del sistema educativo.
La evidencia empírica muestra la importancia de la educación como mecanismo preventivo de los procesos de exclusión social y justamente es en la infancia y en la juventud cuando tiene sentido invertir preferentemente en educación y en formación: la situación de uno de cada tres jóvenes entre 16 y 34 años que ha dejado ya el sistema educativo y no tiene un empleo debería ser considerada prioritaria en este sentido.

En los años transcurridos desde la encuesta de 2007, se reducen las diferencias por sexo. La situación social ha empeorado para todo el mundo, tanto hombres como mujeres, pero, comparativamente, ha impactado más en la población masculina. Entre 2007 y 2013, el porcentaje de hogares encabezados por una mujer crece 6,7 puntos porcentuales (desde el 26,5% hasta el 33,2%). Avanzamos la hipótesis de que este aumento está relacionado con una crisis económica que ha impactado con más fuerza en sectores masculinizados, convirtiendo así el sueldo de la mujer, antes secundario, en el sueldo principal del hogar. Esta sustitución, por otra parte, no consigue evitar un empeoramiento de las condiciones generales del hogar, ya que, como han señalado numerosos autores y autoras, sigue existiendo una brecha de género en el mercado laboral, que se concreta en salarios inferiores y mayor incidencia del empleo precario para las mujeres. La incidencia de la exclusión entre 2007 y 2013 aumenta para todos los hogares, pero aumenta de manera más significativa para los hogares encabezados por hombres (donde se observa un incremento del 26,4%, frente al 17,3% de los hogares encabezados por mujeres).

En cualquier caso, en la medida en la que la exclusión social se hace más intensa, las diferencias entre ambos tipos de hogares se van reduciendo y la proporción de hogares en exclusión severa es prácticamente la misma para los hogares encabezados por un varón y por una mujer. El hecho de que la situación empeore más intensamente para los hogares encabezados por hombres, sin embargo, no puede esconder que los hogares encabezados por mujeres enfrentan un riesgo de vivir procesos de exclusión considerablemente más elevado. La proporción de hogares en integración precaria era un 12,9% más elevada y la de hogares en exclusión moderada un 16,9% mayor. En el caso de la exclusión severa, sin embargo, no se evidencian diferencias significativas en función del sexo.

De la misma forma, la incidencia diferencial que los procesos de exclusión están teniendo en los distintos grupos étnicos ha puesto en el punto de mira el modelo de integración para las minorías étnicas en nuestro país, un modelo que se había llegado a poner como ejemplo frente a otras realidades más penosas en Europa, tanto respecto a la población extranjera como a la propia comunidad gitana española. Ahora el modelo de integración de la población extranjera ha mostrado la vulnerabilidad del empleo precario y de baja calificación sobre el que se asentaba y se ha tambaleado también al cuestionarse la universalidad de ciertas políticas públicas. En el caso de la comunidad gitana, además, se ha evidenciado la inviabilidad de una verdadera integración social al margen del sistema educativo y del mercado de trabajo normalizado. En suma, vemos cómo se van erosionando significativamente importantes logros del periodo precedente en este aspecto. La creciente asociación de los procesos de exclusión social con la diferencia étnica (tres de cada diez personas excluidas pertenecen a minorías étnicas, una más que en 2007) implica también una mayor dificultad para construir procesos de integración en el futuro.

3.4.¿LA CRISIS AFECTA A LOS DIFERENTES TERRITORIOS POR IGUAL?

El análisis territorial de la exclusión social nos muestra un mapa muy distinto de aquel que se deduce de la producción y la distribución de la riqueza: no son siempre los territorios más ricos los que mayores niveles de integración social alcanzan y hay diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con niveles de riqueza similares. Este desajuste nos abre toda una agenda de investigación para conocer mejor las diferencias territoriales en el modelo de integración social y entender el papel que en cada caso ocupan los factores que lo explican: el desarrollo de ciertas políticas públicas o de otros factores estructurales, sean económicos sociales o demográficos. Este análisis comparado debería ser de gran ayuda para orientar las decisiones en materia de política social y para hacer más efectiva la propia intervención social.

Ver tabla 4: Incidencia de la exclusión social por comunidades autónomas: distribución en cuatro grupos, tasa de exclusión e Índice Sintético de Exclusión social %

3.5.LA SOLIDARIDAD FAMILIAR Y LAS REDES DE AYUDA RESISTEN…PERO COMIENZAN A DEBILITARSE

Como elemento positivo, cabe resaltar también que no aparecen en este análisis indicios de que el capital social y relacional se esté viendo afectado todavía por el deterioro tan significativo que hemos visto en otros ámbitos como el económico, el de la salud o la vivienda.
La sociedad en su conjunto, hasta cierto punto, ha reaccionado. Se han desarrollado los mecanismos de ayuda informal (ayuda mutua y multidireccional, preferentemente en el ámbito familiar, pero extendiéndose también a las redes de amistad y del vecindario). Las entidades sociales, a pesar de la notable reducción de las subvenciones públicas, han hecho un gran esfuerzo en captar nuevas donaciones y más voluntariado (la sociedad, que mantiene su confianza en estas instituciones, ha respondido razonablemente a la llamada) y han reorientado sus prioridades para dar cobertura a las demandas más básicas que les llegaban de los sectores más intensamente afectados por esta crisis social. La ciudadanía se ha movilizado también en la protesta y la denuncia social, en la calle, en los medios de comunicación, en el entorno inmediato. No se puede hablar de falta de sensibilidad o de despreocupación.

Esta constatación nos muestra un elemento de oportunidad: todavía se está a tiempo para una reacción colectiva que invierta estas tendencias hacia la fractura social en un nuevo marco en el que la respuesta a la crisis se construya de una forma más solidaria.
Pero es necesario tener presente que en determinados sectores de la exclusión social hay personas sin estas redes, más aisladas socialmente o donde las personas cercanas no pueden ayudarles, lo que supone un factor añadido de vulnerabilidad. Además, en amplios sectores precarizados son manifiestos los síntomas de extenuación que presenta ya la institución familiar para compensar las nuevas necesidades, lo que hace prever que se va a debilitar la capacidad de protección de esta en el futuro. Ambos hechos, la falta de apoyos en unos casos y el agotamiento de los existentes en otros, ponen de manifiesto una vez más que las políticas públicas son insustituibles para preservar la cohesión social.

3.6.LA EROSIÓN DEL EFECTO AMORTIGUADOR DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN ESPAÑA

Y la cuestión esencial es que quienes no han estado a la altura de las circunstancias han sido justamente las políticas públicas, que han sido impermeables a la demanda ciudadana. Las medidas puestas en marcha han sido insuficientes, ineficaces o inadecuadas. El sistema de garantía de rentas (especialmente las prestaciones por desempleo) en su lógica de estabilizador automático, ha reducido notablemente el impacto de la destrucción de empleo en el aumento de la pobreza y la exclusión social, especialmente en el corto plazo. También los pensionistas están aliviando, con su aportación al hogar, la situación de una parte (1/3) de los hogares más afectados por desempleo. Pero las nuevas prestaciones (PRODI, PREPARA,…) han seguido demasiado pegadas a la inercia de lo que ya se hacía: prestaciones semicontributivas que dejan fuera una parte notable de las personas necesitadas; que siguen siendo prestaciones de duración determinada que se quedan cortas en una crisis prolongada como esta; y que, además, tienen una cuantía fija y reducida, claramente insuficiente para hogares de varios miembros sin otros recursos. En otros ámbitos, las medidas adoptadas han sido poco eficaces, como la nueva legislación antidesahucios, que no ha conseguido impedir que 38.961 familias perdieran su vivienda habitual en 2013, según el reciente informe sobre los procesos de ejecución hipotecaria del Banco de España. Y otras veces han ido claramente en contra de las necesidades sociales en educación y sanidad, donde los recortes, además, han tenido un impacto mayor en los grupos más vulnerables.
Es precisa una revisión del papel de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En esta línea, planteamos la necesidad de priorizar la atención a los fenómenos de exclusión y la pobreza severa, básicamente por tres argumentos: en primer lugar, por «baremo», deben ir primero los que peor están; en segundo lugar por una cuestión de derechos humanos, ya que estas situaciones de pobreza y exclusión social severa, más allá de la reducción de ciertas comodidades, implican un atentado directo a la dignidad de las personas; y finalmente por un criterio de interés colectivo general, ya que la expansión de estas situaciones puede poner en cuestión la convivencia y la seguridad del conjunto de la sociedad, en suma, la sostenibilidad social.
En este sentido, deberían ser atendidas las propuestas para reformar profundamente y ampliar la cobertura del sistema de garantía de ingresos mínimos, que diversas entidades están realizando (Cáritas, CC.OO, la Red de Lucha contra la Pobreza, Círculo Cívico de Opinión,…). Sobre esta base, tendrán que reforzarse las políticas activas, aportando a las personas más excluidas oportunidades vitales, de ocupación y empleo. Para ello, es precisa la implicación del sistema educativo, de los servicios de empleo, incluida la formación ocupacional y de los servicios sociales. El ámbito de la vivienda y de la salud deberían ser también muy seriamente considerados dentro de un plan real, que no virtual, de lucha contra la exclusión. Las investigaciones realizadas nos cuentan también la importancia de las pequeñas ayudas puntuales, que resuelven necesidades inmediatas en los sectores más desfavorecidos. Esto es algo que permite la participación de múltiples agentes en esta estrategia colectiva de recuperar lo que hemos perdido y es algo que nos recuerda que construir una sociedad cohesionada es cosa de todos.

Ver tabla 5: Pobreza severa antes y después de las transferencias sociales por grupos 2013 (%)